Seis presidentes en seis años no es una cifra normal. Y en Perú lo saben bien. En el último tiempo, una serie de mandatarios ha ocupado los sillones del Palacio de Gobierno, dando pie a una de las crisis políticas más graves de la historia del país. ¿Qué fue lo que detonó esta situación?
Volvamos el tiempo atrás. Una sorpresiva victoria electoral en 1990 llevó a Alberto Fujimori a superar en votos a su contrincante, el novelista Mario Vargas Llosa, y transformarse así en presidente de Perú. Asumiendo un país con una economía devastada en medio de una espiral hiperinflacionaria, la existencia de diversas guerrillas que buscaban derrocar al Estado a través de la vía armada -entre ellas Sendero Luminoso- ofrecían una situación dramática para el nuevo gobierno.
Sus seguidores enfatizan que durante la década que estuvo en el poder fue posible vencer a todos estos grupos terroristas, además de lograr sentar las bases de un permanente crecimiento económico ayudado por la estabilidad de la moneda. Sus detractores, en cambio, lo ven como un ser autoritario, responsable de una serie de violaciones a los derechos humanos y lo culpan de las falencias del modelo económico instaurado en Lima.
Más allá de las consideraciones personales, la corrupción facilitada por la concentración de poder en manos de Fujimori quedó en clara evidencia, a través de la filtración de una serie de grabaciones que revelaban cómo funcionarios de su gobierno corrompían con fajos de billetes a todo tipo de personajes. Presionado por la situación, Alberto Fujimori se fugó a Japón, enviando su renuncia a Lima mediante un fax.
Pasaron los años, y a mediados de 2016, y con casi 40% de los votos, Keiko Fujimori, hija del ex presidente; obtuvo la primera mayoría en las elecciones presidenciales. Al mismo tiempo, su partido logró alcanzar una inédita mayoría absoluta en el Congreso unicameral. Los buenos resultados hicieron probable el retorno del clan al Palacio de Gobierno en la segunda vuelta electoral, dando pie a una inusualmente polarizada campaña en donde la evaluación del legado de su padre fue uno de los temas dominantes.
Finalmente, Keiko fue derrotada obteniendo casi un empate técnico (50.12 vs 49.88%) con su contrincante Pedro Pablo Kuczynski, un banquero de 74 años. Pero la holgada mayoría parlamentaria de Fujimori generó un constante hostigamiento al funcionamiento del gobierno, que además contaba con una irrelevante bancada. Lo anterior empezó a tensionar enormemente las relaciones entre el Congreso y el presidente, incentivando a que ambos utilizaran las herramientas que la Constitución les daba para anularse entre ellos.
La situación llegó a una alta tensión cuando Kuczynski fue involucrado con el escándalo Oderbrecht.
Pocos días antes de la votación para destituirlo, videos revelaron contactos del gobierno con sectores díscolos del fujimorismo para conseguir votos a modo de rechazar la moción, moviéndolo a renunciar al cargo.
En su reemplazo asumió su vicepresidente Martín Vizcarra, quien rápidamente empezó a experimentar los mismos problemas que su antecesor. Aprovechando la altísima desaprobación ciudadana al Congreso, ahora fue él quien dio el golpe disolviéndolo, lo cual era permitido por la Constitución en determinados casos. Las nuevas elecciones no lograron darle la mayoría que deseaba, resultando en un Congreso extremadamente fragmentado. A los pocos meses, el propio Vizcarra fue destituido y acusado de corrupción en su anterior gestión como gobernador.
Asumiendo el presidente del Congreso Manuel Merino como nuevo mandatario, la gente se volcó a las calles pidiendo su renuncia, acusando que la movida del parlamento había sido ilegal y hecha por su propio interés. Merino duró apenas 5 días y renunció, mientras que el Congreso eligió a una figura de consenso hasta las siguientes elecciones a realizarse el 2021.
Fue en estos comicios que Pedro Castillo, un desconocido maestro de una zona rural, derrotó nuevamente a Fujimori en junio de 2021 con un resultado igual de estrecho que en 2016.
Sin las mayorías necesarias en el parlamento, sumado a peleas dentro de sus propias filas, una continua rotación parlamentaria demostraba una incapacidad de gobernar. Mientras, investigaciones de la fiscalía lo acusaron de encabezar una “organización criminal”, moviendo a que el Congreso decidiera votar su destitución.
Horas antes de la sesión, el presidente anunció la disolución del parlamento, a pesar de que no se cumplía la causalidad permitida por la constitución para hacerlo, proponiendo además gobernar por decreto hasta convocar nuevas elecciones. A las pocas horas, y al no contar con el apoyo de las instituciones y su propia bancada al considerar la movida ilegal, terminó detenido en una comisaría, resultando destituido del cargo. Asumiendo su ex vicepresidenta, la abogada Dina Boluarte, como nueva mandataria; desde Palacio se ha decidido adelantar las elecciones para 2024. Eso ha generado una ola de protestas para votar un nuevo presidente lo antes posible, aunque eso no asegure el retorno a la ansiada estabilidad.
